La jerarquía normativa se refiere a la posición de las normas jurídicas en una escala de importancia o autoridad dentro del sistema jurídico de un país o de una entidad política. Esta jerarquía es importante porque determina cuál norma debe ser aplicada en caso de que exista una contradicción entre diferentes normas.
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En general, la jerarquía normativa se estructura en forma de pirámide, donde las normas superiores tienen más autoridad que las inferiores. En la mayoría de los sistemas jurídicos, la Constitución ocupa el lugar más alto en la jerarquía normativa, seguida por las leyes, los reglamentos y las normas de menor rango como las resoluciones, los acuerdos y las disposiciones administrativas.
La Constitución es la norma fundamental que establece los principios básicos del sistema jurídico y del ordenamiento político de un país o entidad política. Es por ello que, en caso de conflicto entre la Constitución y cualquier otra norma jurídica, se debe dar prioridad a la Constitución.
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Las leyes, por su parte, son normas generales y abstractas dictadas por el poder legislativo y que tienen un rango inferior a la Constitución. En caso de conflicto entre dos leyes, se suele aplicar la ley de rango superior.
Los reglamentos, por su parte, son normas de menor rango dictadas por el poder ejecutivo o por otros organismos administrativos, y que tienen como objetivo desarrollar y complementar las leyes y la Constitución.
Es importante destacar que la jerarquía normativa puede variar según el sistema jurídico de cada país o entidad política, y que en algunos casos pueden existir normas que no se ajustan a esta estructura piramidal. Sin embargo, en general, la jerarquía normativa es un elemento esencial del sistema jurídico, ya que permite garantizar la seguridad jurídica y la coherencia de las decisiones judiciales y administrativas.
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